El Gobierno de Cantabria se encuentra en el ojo del huracán tras asegurar que su programa de cribado de cáncer de mama opera de manera efectiva, a pesar de las preocupaciones expresadas por la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAM). En una reciente declaración pública, tanto la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como el consejero de Salud, César Pascual, se defendieron de las críticas afirmando que, aunque existen retrasos en la lectura de mamografías, el sistema en general continúa funcionando según lo previsto.

Durante una rueda de prensa, Buruaga describió las declaraciones de la presidenta de AMUCCAM, María Antonia Gimón, como desinformadas y fuera de lugar, sugiriendo que su comparación de la situación en Cantabria con la de Andalucía no es válida. "En nuestra comunidad, aunque hay ciertos retrasos en las lecturas, todas las pacientes con casos dudosos han recibido sus citas correspondientes", insistió la presidenta.

El Gobierno asegura estar proactivamente revisando y mejorando los programas de cribado, incluidos aquellos relacionados con el cáncer de mama. A pesar de la actual falta de radiólogos, que ha ocasionado demoras de hasta dos meses en la lectura de mamografías, Buruaga enfatizó que las medidas correctivas se han implementado con prontitud y que se está trabajando en la contratación de más especialistas para reforzar el sistema.

Pascual también corroboró que se han iniciado esfuerzos para recuperar el ritmo habitual en las evaluaciones, que se vio afectado en la primavera por la escasez de personal. Ambos funcionarios destacaron que, a pesar de los desafíos, la atención se está centrando en fortalecer la infraestructura y los recursos necesarios para el programa de detección precoz.

Sin embargo, en un giro inesperado, la presidenta y el consejero expresaron su frustración respecto a las solicitudes del Ministerio de Sanidad para proporcionar datos adicionales sobre los programas de cribado. Afirmaron que, aunque han proporcionado información en el pasado, no pueden cumplir con la última exigencia debido a que el nuevo sistema de información requerido aún no está implementado ni definido.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero no podemos enviar indicadores que no han sido acordados a nivel nacional”, explicó Buruaga, indicando que la falta de direcciones claras ha complicado la situación. Pascual complementó esta idea, citando que algunos de los nuevos indicadores solicitados son irreales o impracticables de obtener, dada la falta de datos concretos de años anteriores.

En medio de esta controversia, la presidenta respondió a críticas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, que ha denunciado opacidad y fallos en la gestión de la salud en la región. Buruaga defendió la historia de colaboración con entidades de salud privada, afirmando que el sistema se basa en un equilibrio entre recursos públicos y privados con el objetivo de ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía.

Respecto a un reciente caso de acoso en el Hospital Sierrallana, Buruaga reafirmó que su gobierno ha actuado con responsabilidad y sensibilidad, utilizando todos los mecanismos legales disponibles para abordar la situación. Prometió que se seguirán tomando medidas para asegurar un entorno laboral seguro, aunque también reconoció las limitaciones impuestas por el marco legal actual.