El Tribunal de Instancia de Torrelavega ha tomado la decisión de transformar el proceso judicial en un procedimiento abreviado en el caso del que fue alcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, quien enfrentaba acusaciones de prevaricación relacionadas con la gestión del servicio de estacionamiento en la localidad.

En un auto judicial revelado recientemente, el juez ha determinado cerrar la causa contra la empresa Estacionamientos Iberpark, que había administrado el servicio desde 2016, y también ha decidido archivar las investigaciones sobre un posible fraude en la contratación. Esta resolución pone fin a la fase de instrucción, permitiendo ahora que las diligencias sean enviadas al ministerio fiscal, que puede optar por presentar cargos formales en este caso.

La empresa en cuestión gestionó el aparcamiento público de Santillana del Mar entre 2016 y 2020, y al concluir su contrato, se implementaron dos prórrogas según lo establecido. Sin embargo, al cierre de la segunda prórroga, el secretario del municipio advirtió al alcalde sobre la necesidad de licitar un nuevo contrato, a lo que Rodríguez respondió que deseaba que la empresa ejecutara obras en el aparcamiento, difiriendo así la licitación por su supuesta complejidad.

A pesar de que se elaboró un informe de viabilidad para lanzar la licitación, el alcalde decidió postergar esta acción, alegando que las próximas elecciones podrían influir en su decisión, y mostrando dudas sobre la modalidad de contratación, ya sea como concesión o gestión directa.

Pasaron cinco meses desde que el secretario insistió en la necesidad de sacar a licitación el servicio, y aún no se había avanzado en ningún trámite. Según el juez, el alcalde fue reiteradamente advertido sobre esta obligación, pero decidió no actuar al respecto, lo que llevó a la firma de un primer contrato menor por un periodo de dos meses con la misma empresa para gestionar el servicio.

Posteriormente, el alcalde continuó ignorando las recomendaciones del secretario y adjudicó un segundo contrato, después del cual, al no encontrar una solución legal viable, decidió que la empresa siguiera prestando el servicio sin un marco administrativo claro, bajo una figura que no existe en la normativa vigente.

El magistrado también subraya que ambos contratos menores fueron realizados justo en el límite legal permitido y sin el respaldo de un estudio económico adecuado por parte de los técnicos del ayuntamiento, lo que contraviene los principios de transparencia y publicidad en la administración pública.

Finalmente, el instructor concluye que se llevó a cabo un fraccionamiento fraudulento de los contratos, con el fin de evitar el cumplimiento de los procedimientos legales y las garantías que deben regir en la contratación pública, lo que pone en entredicho la ética en la gestión pública local.