SANTANDER, 16 de octubre.

El Gobierno de Cantabria ha tomado una postura firme al presentar dos recursos contencioso-administrativos en respuesta a las órdenes emitidas por la delegada del Gobierno en Ceuta, que datan del 1 y 2 de octubre. Estas órdenes requieren el traslado de dos menores alojados en Ceuta hacia la región cántabra, lo cual se realizó "sin el consentimiento previo" del Ejecutivo regional.

Esta acción, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno, proviene de la Consejería de Inclusión Social, cuyo análisis señala que las decisiones tomadas escapan a las competencias del Gobierno central en lo que respecta a la protección de menores. Así, el Gobierno ha subrayado su posición en defensa de sus atribuciones regionales.

Ambas situaciones han sido meticulosamente evaluadas por la Dirección General del Servicio Jurídico, que ha formalizado los recursos pertinentes ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Ceuta, dentro del marco legal de dos meses estipulado desde la notificación de estas resoluciones.

Asimismo, el Gobierno cántabro también ha considerado impugnar indirectamente las normativas que sustentan las órdenes en cuestión, las cuales ya habían sido impugnadas directamente por la Administración regional, reflejando un desacuerdo profundo con la forma en que se han manejado estos traslados.

La base de esta decisión se fundamenta en la legislación actual, enlazando las leyes 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 11/2006 sobre la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, que otorgan soporte a la actuación del Gobierno cántabro.

El Ejecutivo ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de los menores y el respeto al esquema competencial delimitado por el ordenamiento jurídico español, tras la aprobación de estos recursos.

Este movimiento es una continuación de las gestiones realizadas por el Gobierno de Cantabria, que ya había presentado observaciones sobre los 13 expedientes relacionados con los traslados de menores migrantes a la región. De estos, se había mencionado previamente la existencia de tres resoluciones de traslado, incluyendo una que se relacionaba con un mayor de edad, según información no oficial obtenida por la Consejería.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, expresó su desconcierto tras señalar que no contaba con información sobre los traslados notificados el 1 y 2 de octubre. En este sentido, subraya que, pese a que el plazo para realizar el traslado era de cinco días, dos semanas después ni uno solo de los menores ha sido trasladado a Cantabria, lo cual, a su juicio, evidencia una clara “descoordinación, falta de planificación y total opacidad” por parte del Gobierno de España.