El Parlamento de Cantabria ha tomado una postura clara y unánime al instar al Gobierno central a que impida en el ámbito europeo los recortes propuestos para la Política Agraria Común (PAC), que representan una amenaza significativa para los intereses de los agricultores y ganaderos de la región. Esta llamada de atención se produce en un contexto donde las políticas agrarias son fundamentales para la sostenibilidad y el futuro rural de Cantabria.

En una reciente sesión, el Parlamento, al margen del PSOE, aprobó una proposición no de ley que aboga por medidas concretas para fortalecer la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT). Esta propuesta incluye la creación de un mapa de riesgos que evalúe la situación de estas viviendas por municipio y la exigencia a las plataformas de que validen y publiquen la información sobre sus licencias. La iniciativa, originada por el Partido Regionalista de Cantabria, ha recibido el apoyo de enmiendas por parte del PP y Vox, lo que refleja un consenso sobre la necesidad de abordar este fenómeno en el territorio.

La medida se articula en cinco puntos fundamentales. Destaca la actualización del registro de empresas turísticas y la coordinación de datos entre las entidades implicadas para identificar alojamientos que operen sin la autorización correspondiente. Asimismo, se demanda que se asignen los recursos necesarios tanto a la Consejería competente como a los ayuntamientos para poder llevar a cabo inspecciones regulares en un plazo definido de seis meses.

Otro de los elementos cruciales es la implementación de un 'Mapa de riesgo VUT' en un plazo de ocho meses, el cual evaluará varios índices relevantes, incluyendo la densidad de VUT por cada 1.000 viviendas y la evolución del precio del alquiler. También se plantea la obligatoriedad de que las plataformas de alquiler incluyan en sus anuncios la información sobre la licencia autonómica, prohibiendo la publicación de anuncios que no cumplan con esta norma.

Durante el debate, Javier López Marcano, del PRC, subrayó la elevada presencia de viviendas turísticas en Cantabria y advirtió sobre las inquietudes que genera el decreto del Gobierno autonómico, señalando que causa "inseguridad jurídica" y deslinda responsabilidades hacia los municipios. Esta crítica fue respaldada por el PSOE, que argumentó que el decreto es ineficaz y no satisface las demandas de los distintos actores involucrados.

Desde la oposición, se expresó el temor de que la nueva normativa abra la puerta a que grandes empresas y fondos de inversión se adueñen del sector de las VUT, lo que podría alterar drásticamente la convivencia y la estructura social en las comunidades locales. Vox, por su parte, instó al Gobierno regional a abordar el problema de manera más efectiva, en lugar de evadir responsabilidades mediante la legislación actual.

Por otro lado, en una sesión anterior, también se aprobó otra proposición que exige al Gobierno de España que se oponga a los recortes del 22% en la PAC durante el periodo 2028-2034, impulsada por la Comisión Europea. Aunque el PSOE se abstuvo al considerar que las cifras aún no estaban finalizadas, los otros grupos señalaron la urgencia de actuar ante lo que consideran un ataque directo a la agricultura local.

Los diputados regionalistas y de Vox coincidieron en criticar la ambigüedad del Partido Popular al votar a favor de esta iniciativa, sin embargo, reconocieron que sus colegas europeos son quienes promueven estas políticas. La propuesta también busca garantías para las inversiones en la PAC y la creación de un fondo único que asegure que estas políticas se mantengan con suficiente presupuesto, protegiendo así las ayudas directas a los agricultores.