El Parlamento de Cantabria ha tenido un momento tenso y revelador en su última sesión, donde se ha evidenciado una clara división política sobre el reconocimiento de la emergencia climática. A pesar de la creciente urgencia que reclaman numerosos expertos y ciudadanos, la propuesta para declarar esta situación crítica fue desestimada gracias a la oposición de los partidos Vox y PP.

En el transcurso de la sesión, el Grupo Popular presentó una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno regional a presionar al Ejecutivo central para que implementara con carácter urgente medidas coordinadas contra el alga invasora Rugulopteryx Okamurae. Este alga ha causado estragos en las costas, retirando miles de toneladas de residuos de las playas, lo que ha generado fricciones entre las administraciones sobre quién debe asumir la responsabilidad en el manejo de esta situación ambiental.

Durante el debate, el diputado popular Alejandro Liz enfatizó la "necesidad" de que el Gobierno de Pedro Sánchez asumiera su papel en la crisis ecológica, alegando que la inacción del delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha llevado a una grave falta de respuesta ante las preocupaciones expresadas por el Ayuntamiento de Noja y otras entidades. Liz describió el alga como una amenaza que altera los ecosistemas y afecta directamente a la economía local, particularmente los sectores del turismo y la pesca.

La propuesta del PP se enriqueció con una enmienda de Vox que busca facilitar la comercialización del alga invasora, resaltando así una inclinación a manejar la crisis sin profundizar en soluciones más sostenibles. Armando Blanco, de Vox, criticó las tensiones institucionales, señalando que ambos partidos tienen sus razones, pero escasamente ofrecen soluciones efectivas al problema que enfrentan.

Desde el Grupo Parlamentario Regionalista, Guillermo Blanco abogó por un enfoque que incluya la realización de un plan de gestión inspirado en las estrategias de Andalucía, combinando control mecánico del alga con campañas de concienciación. Por su parte, el diputado socialista Pablo Zuloaga exigió más acción del Gobierno autonómico, acusándolo de inacción en un asunto tan crucial como la gestión de los recursos naturales.

El clima de confrontación se intensificó cuando Zuloaga se desvió momentáneamente del tema en cuestión para expresar su rechazo a la reciente adhesión de la presidenta de Cantabria a la polémica 'Declaración de Murcia' del PP, que se manifiesta en contra de la inmigración. Esto provocó un intercambio acalorado entre los diputados, quienes reprocharon a Zuloaga desviarse de la urgencia climática hacia temas políticos más divisivos.

En otro punto del debate, se discutió una iniciativa del PSOE para reconocer la emergencia climática global, que fue igualmente rechazada por Vox y el PP. En la votación, el socialista Jorge Gutiérrez urgió a sus compañeros a actuar con responsabilidad, destacando que la inacción conlleva costos no solo ambientales, sino también económicos y sociales.

Mientras tanto, Armando Blanco minimizó la gravedad del cambio climático, sugiriendo que es solo un ciclo normal de temperaturas, sin reconocer las implicaciones devastadoras que tienen estos fenómenos. La disyuntiva sobre cómo abordar el cambio climático en Cantabria quedó al descubierto, con los socialistas y regionalistas pidiendo respuestas efectivas, mientras que los partidos de la oposición optaron más por el desacuerdo que por el compromiso proactivo.

Las discusiones acaloradas sobre cómo se debe gestionar el cambio climático en Cantabria subrayan la urgente necesidad de dejar de lado las divisiones políticas y trabajar de manera conjunta para abordar las crisis ambientales, que afectan cada vez más a nuestras comunidades y ecosistemas.