SANTANDER, 12 de noviembre. En un giro político significativo, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha dado a conocer la derogación de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, una norma que fue aprobada el pasado 4 de noviembre mediante los votos del Partido Popular (PP) y Vox en el Parlamento regional. Esta derogación entrará en vigor mañana, 13 de noviembre.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha estampado su firma en la derogación y, en el preámbulo, ha declarado que la ley en cuestión "nació muerta". Según Sáenz de Buruaga, esto se debe a que los partidos que impulsaron la legislación, el PRC y el PSOE, no buscaron "el consenso ni en la forma ni en el fondo", y "ni siquiera" consideraron "el diálogo" sobre este tema crítico.

La presidenta sostiene que, dado el propósito de la ley de brindar reparación a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la dictadura, se podría haber esperado un cierto nivel de acuerdo. Sin embargo, argumenta que la norma no logró ese consenso, ni durante su tramitación ni en su contenido. "Quien la promovió no lo buscó: ni siquiera admitió el diálogo", enfatiza, reafirmando así su postura sobre la ineficacia de la ley.

Es importante destacar que el PP, bajo la dirección de Sáenz de Buruaga, había incluido en su programa electoral la derogación de esta ley, que fue tramitada de manera urgente en la Cámara regional gracias al respaldo de Vox, quienes consideraban que esta legislación representaba un "ataque a la convivencia y a las libertades democráticas".

La presidenta también critica que durante la votación de la ley original, los grupos que formaban el gobierno bipartito rechazaron todas las propuestas de diálogo presentadas por la oposición. Además, Sáenz de Buruaga afirma que ninguna de las 160 enmiendas propuestas por el PP, Ciudadanos (Cs) y Vox fueron aprobadas, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la falta de auténtica voluntad de diálogo por parte de regionalistas y socialistas.

Para Sáenz de Buruaga, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria es diametralmente opuesta a los "grandes acuerdos de la Transición". Según su análisis, la ley se basaba en "la imposición de los puntos de vista y las medidas reparadoras concebidas por un único sector político, excluyendo las opiniones de todos los demás".

Asimismo, critica el contenido de la ley, describiéndolo como "polémico", dado que incluía la creación de una "Comisión de la Verdad". Esta comisión se encargaría de "imponer" el relato de un parte de los conflictos, sin importar su veracidad histórica. Sáenz de Buruaga señala que esta comisión, designada por el poder político, tendría la responsabilidad de orientar el relato histórico y de imponer sanciones a quienes se apartaran de la narrativa oficial.

Además, la presidenta alerta sobre el riesgo de que la ley fomente el "adoctrinamiento" de las nuevas generaciones en las aulas. Esta preocupación surge al destacar que la ley contemplaba una materia educativa cuyo contenido sería elaborado por el Gobierno, sin el aporte y criterio académico de los docentes. También se imponía la obligación a las instituciones de consignar anualmente fondos destinados a proyectos que "exaltaran el papel de las víctimas de un bando, y no de todas".

Para concluir su argumentación, Sáenz de Buruaga critica que la norma no colocaba a las víctimas en un "plano de igualdad", sino que, al contrario, creaba "categorías", exaltando a unas mientras silenciaba y ocultaba a otras. “Por eso se procede a su derogación”, señala, insistiendo en que, desde el restablecimiento de las libertades en España, nunca antes se había llevado a cabo una operación de fractura de la convivencia desde el poder político.

La Ley de Derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria consta de tres artículos y una disposición transitoria única, que detalla su entrada en vigor este miércoles. El primer artículo establece la derogación de la norma, mientras que el segundo se refiere a que las exhumaciones se regularán a partir de ahora conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de octubre de 1998, haciendo hincapié en la normativa relacionada con el patrimonio arqueológico y paleontológico.

El tercer artículo aborda la custodia del material documental relacionado con la represión política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, determinando que se aplicará la legislación vigente de Archivos de Cantabria de junio de 2002. Por último, la disposición transitoria única se refiere a los procedimientos iniciados bajo la ley ahora derogada, estipulando que "la tramitación de todos los procedimientos administrativos iniciados y no concluidos se regirán por la normativa en virtud de la cual se iniciaron".