En un firme reclamo, la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, junto a representantes de diversas organizaciones del sector agrario, han expresado su rechazo a la nueva Política Agraria Común (PAC) que se perfila con un recorte de presupuesto del 22%. Esta situación ha generado una creciente preocupación sobre el futuro de la agricultura y la ganadería en la región.

El Gobierno regional ha decidido enviar una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación exigiendo que Cantabria participe activamente en la elaboración de la PAC. En este documento, reflejan la necesidad de proteger los intereses de los agricultores y ganaderos, quienes se verían afectados por la propuesta de la Unión Europea presentada el pasado 16 de julio.

La misiva destaca que la propuesta comunitaria actualmente en discusión es considerada por los firmantes como "retrograda, insuficiente y perjudicial". Según Susinos y sus colegas, la reducción presupuestaria significativa amenaza la estabilidad del sector, ya que podría traducirse en una pérdida entre el 15% y el 22% de los fondos, lo que equivaldría a unos 72 millones de euros para Cantabria, sin contabilizar la inflación.

“No podemos aceptar un recorte que menoscabe los ingresos de nuestros agricultores y ganaderos”, afirmó Susinos en un comunicado. La consejera subrayó que esta nueva PAC no solo representa un golpe financiero, sino que también socava la viabilidad del medio rural y corre el riesgo de abandonar principios fundamentales que deberían guiar la cohesión territorial en Europa.

El Gobierno de Cantabria exige al Ejecutivo central que mantenga el presupuesto destinado a la agricultura, apoye a los agricultores profesionales y garantice precios equitativos dentro de la cadena alimentaria. Esta postura se contrapone al nuevo enfoque propuesto basado en 'Planes País', que podría llevar a políticas agrarias desiguales entre los Estados miembros, fracturando así la unidad del mercado europeo y comprometiendo el principio de solidaridad que lo sustenta.

La reducción de ayuda a la renta por superficie, descrita como "decreciente", ha sido considerada un atentado directo contra el modelo agrícola que representa el sector en Cantabria, afectando a más de un centenar de beneficiarios locales. Susinos concluyó que “Cantabria no puede aceptar un modelo que erosione sus recursos, debilite la posición del sector frente a otros intereses económicos y excluya a aquellos que han dedicado sus vidas al campo”. Así, el compromiso con una PAC que reconozca el valor estratégico de la agricultura y la ganadería permanecerá en el centro de sus esfuerzos.