El día 13 de mayo, en Santander, se ha desatado un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de los docentes de Cantabria. El Gobierno regional ha rechazado la petición de huelga de media jornada, que estaba programada para los días 21 y 22 de mayo. Esta acción fue convocada por la Junta de Personal Docente con el objetivo de exigir una revisión de sus salarios, lo que ha llevado a los sindicatos a reprogramar estas movilizaciones, ampliándolas a jornadas completas los días 28 y 29 de mayo.

Pero no se detiene ahí la actividad de protesta. El 29 de mayo, los educadores también se manifestarán a partir de las 17:30 horas, con una ruta que conectará la Consejería de Educación y la oficina de Correos, en una clara demanda de atención a sus justas exigencias.

Los sindicatos han hecho pública esta reprogramación después de registrarse para solicitar formalmente una propuesta de adecuación salarial ante la Consejería de Educación. Este proceso ha despertado la controversia, ya que inicialmente se impidió que un representante de cada sindicato pudiera acceder de forma simultánea a estas negociaciones. Esta restricción provocó el descontento de los representantes sindicales y requirió la intervención de la Policía Nacional, a la que la Junta trasladó su rechazo a lo que consideran una "arbitrariedad" que vulnera sus derechos. Afortunadamente, tras cierta tensión, se les permitió entrar juntos.

Respecto a la negativa del Gobierno a permitir la huelga de media jornada, la Dirección de Trabajo argumentó que la solicitud no había sido presentada dentro del plazo estipulado de 10 días naturales. Sin embargo, la Junta de Personal Docente ha defendido con firmeza que su solicitud fue registrada con un día adicional de antelación.

Los sindicatos han decidido llevar esta situación ante la justicia, impugnando la denegación. Pero, para asegurar la legalidad de su movimiento, han optado por aplazar la huelga a los días 28 y 29 de mayo. Adicionalmente, están cuestionando la reciente propuesta de nuevos miembros para el Consejo Escolar, advirtiendo que si se implementa, optarán por retirarse de dicha entidad en protesta.