
Recientemente, el Partido Animalista Pacma ha decidido dar un paso firme en defensa de los lobos en Cantabria al interponer una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Santander. Este acto legal se dirige contra diversas figuras del Gobierno de Cantabria, señalando presuntos delitos que van desde la falsedad en informes periciales hasta el maltrato animal, todo ello en relación con la autorización de la caza de lobos en la región.
El propósito de esta acción judicial también incluye una solicitud de medidas cautelares que buscan detener de inmediato la reciente resolución que permite la caza de estos animales, alertando sobre las consecuencias irreversibles que podría tener para la especie si no se actúa con celeridad.
En un comunicado emitido este lunes, Pacma señala que el caso involucra a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y al director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio. Ambas figuras son acusadas de haber aprobado una resolución el 2 de abril que establece límites para la extracción de lobos en la temporada 2025-2026.
La formación animalista cuestiona la veracidad de los informes utilizados para justificar la caza, alegando que podrían ser engañosos al no reflejar que el estado de conservación del lobo ibérico ha sido considerado por la Unión Europea como "desfavorable/inadecuado" en toda España.
Pacma destaca que este aspecto debería ser considerado vinculante a nivel jurídico, según las directrices que España ha presentado ante la Comisión Europea, y enfatiza que, como tal, no puede ser modificado o ignorado en documentos oficiales, como aparentemente está ocurriendo.
Desde la perspectiva del partido, la omisión de esta información crucial no se trata simplemente de un error administrativo, sino de una violación deliberada de la legislación comunitaria, que prohíbe la captura o muerte de especies en estado de conservación desfavorable.
A raíz de esto, cualquier autorización de caza que se derive de tales informes sería legalmente inválida y podría constituir un acto de prevaricación y de engaño por parte de los peritos involucrados, según argumenta Pacma.
Además, la denuncia incluye el caso específico de una loba que fue abatida en Cantabria en junio, justo tras haber dado a luz, un incidente que resultó en la muerte de su camada de lobeznos. Pacma califica este hecho como un acto de maltrato animal, agravado por la pérdida de las crías.
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