Entre abril y junio, Cantabria registró un total de 209 hombres enjuiciados por casos de violencia de género, de los cuales una abrumadora mayoría, 184, resultaron condenados, lo que representa un notable 88% de los casos tratados.

De acuerdo con la información difundida este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el segundo trimestre del año, se presentaron 545 denuncias por violencia de género en la región. Este dato muestra una ligera disminución del 2,5% en comparación con el mismo periodo del año 2024, pero lo que llama la atención es el incremento del 18,2% en el número de mujeres que han sufrido estas agresiones, un total de 488.

En este contexto, 315 de las 488 mujeres víctimas de violencia de género eran españolas, mientras que 173 eran extranjeras, reflejando una diversidad preocupante en las experiencias de violación de derechos de género que se viven en la comunidad.

A nivel nacional, las estadísticas también son alarmantes, con un aumento del 3,4% en el número de víctimas y un incremento del 2,69% en las denuncias durante el mismo periodo. En Cantabria, la tasa de mujeres víctimas de violencia por cada 10.000 habitantes se sitúa en 16, que aunque es inferior a la media nacional de 19,2, sigue siendo una cifra que debería preocupar a la sociedad.

Las Islas Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana tienen las tasas más elevadas de violencia de género, con cifras que superan claramente a las de Cantabria, mientras que regiones como Castilla y León, Galicia y La Rioja presentan las tasas más bajas en el país.

Un aspecto inquietante de estos datos es que, de las 488 mujeres que denunciaron violencia, 73 optaron por acogerse a la dispensa de la obligación de declarar contra sus agresores, un incremento del 37,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa que el 15% de las víctimas eligieron no testificar, superando en tres puntos la media nacional.

Asimismo, los juzgados especializados en violencia sobre la mujer en Cantabria tomaron decisiones significativas al emitir 76 órdenes de protección de las 114 solicitadas, lo que representa un 67% de cumplimiento, lo que es ligeramente superior a la media nacional.

Los juzgados de instrucción que operan durante las guardias también mostraron eficiencia, al aceptar 39 de las 43 solicitudes de protección, resultando en un 91% de éxito en la atención de casos urgentes.

Entre las decisiones adoptadas, se priorizó la protección de los menores, suspendiendo el régimen de visitas en 12 casos y la custodia en 13, reflejando la seriedad con la que se abordan estas situaciones delicadas.

En términos de resultados judiciales, de los 545 casos de denuncia, un 63,1% fueron presentados por las propias víctimas, lo que sugiere una creciente concienciación sobre la importancia de romper el silencio. Las intervenciones policiales contribuyeron con el 25,7% de las denuncias, resaltando la necesidad de una respuesta activa por parte de las fuerzas de seguridad.

Adicionalmente, en el 21% de los casos se solicitó una orden de protección, lo que pone de relieve la urgencia que muchas mujeres sienten ante situaciones de peligro inminente. Las medidas de protección adoptadas alcanzaron un total de 241, con 194 de carácter penal y 47 de naturaleza civil.

En términos de protección civil, se tomaron medidas relevantes adicionales, como la suspensión del régimen de visitas y la provisión de alimentos, que son esenciales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños involucrados.

Los operadores judiciales también se encontraron ante el desafío de entender las dinámicas de las relaciones en las que se producen las agresiones, revelando que en más del 80% de los casos la relación entre la víctima y el agresor era cercana, ya sea pareja, cónyuges o exparejas.

En el conjunto de casos que llegaron a los juzgados de violencia de género, la mayoría se trató de delitos con potenciales penas de prisión de seis meses a un año. Los juzgados procesaron 540 asuntos penales, y un 26,3% de ellos terminó en sentencia condenatoria.

Sin embargo, una cifra considerable, 47,9%, concluyó con el sobreseimiento de los casos, lo que genera dudas sobre la eficacia del sistema y la seguridad de las víctimas. Solo un 19% de los procedimientos avanzó al órgano de enjuiciamiento competente, tomando en cuenta la seriedad de los delitos implicados.

A lo largo de este análisis, el Juzgado de lo Penal nº 5 dictó 107 sentencias, de las cuales 86 se resolvieron con condenas, evidenciando que muchas veces los acusados optan por admitir los hechos. Por su parte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, especializada en los casos más graves, se mantuvo inactiva, sin celebrar juicios ni dictar sentencias, lo que podría indicar una falta de recursos o atención en estos problemas críticos de violencia de género.