El próximo año, el Ayuntamiento de Santander ha decidido mantener estables la mayoría de los impuestos, tasas y precios públicos, preservando las bonificaciones existentes para los ciudadanos.

En una reciente rueda de prensa, la alcaldesa Gema Igual anunció que solo las tarifas de agua y alcantarillado experimentarán un ajuste conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), que actualmente se sitúa en un 2,7%. Por otro lado, impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se mantendrán sin cambios.

La variación en la tarifa de agua se basa en un contrato establecido con Aqualia en 2006. Este acuerdo no incluye la nueva tasa de basuras, la cual comenzó a implementarse el 1 de junio de 2026 mediante un recibo separado.

El incremento en las facturas de agua variará según el tipo de usuario; por ejemplo, una pareja verá un aumento de 31 céntimos al mes, mientras que un bar enfrentará una subida de 47 céntimos y una cafetería grande podría ver un incremento de 4,72 euros mensuales.

A pesar de esta alza, la alcaldesa destacó que las tarifas siguen estando por debajo de la media nacional, resguardando así el bienestar económico de los habitantes. La propuesta de ordenanzas fiscales que se ha evaluado busca «proteger a los santanderinos» y asegurar que el dinero permanezca en sus bolsillos.

Esta información llega justo antes de la presentación del presupuesto municipal, donde se considerará lo que se espera recaudar por la nueva tasa de basuras, que fue calificada como un “tasazo” por la misma Igual.

La alcaldesa explicó que el 58% de los ingresos del Ayuntamiento provienen de 25 categorías, incluyendo 5 impuestos, 10 tasas y 10 precios públicos. El Consistorio prevé obtener alrededor de 118 millones de euros de estos conceptos.

El IBI representa el 45% de los ingresos municipales y se mantiene al mínimo legal del 0,4%. Además, el impuesto de plusvalía se ha posicionado a Santander como una de las ciudades con mayor competitividad fiscal, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La regidora también mencionó que el Ayuntamiento no cobrará 12 millones de euros debido a las bonificaciones y a la decisión de congelar otros precios. Las bonificaciones incluyen reducciones significativas del 95% para desempleados y familias numerosas, así como descuentos del 50% para familias con ingresos en un rango específico.

Una vez aprobada en la Junta de Gobierno, se presentará la propuesta en Comisión de Economía y se espera que en el pleno extraordinario del lunes 6 de octubre se realice la aprobación inicial. Tras un periodo de exposición pública de 30 días, la nueva regulación entrará en vigor el 1 de enero.

A pesar de la prometedora proyección económica, Santander enfrenta una deuda de 26 millones de euros, lo que equivale a un 13% de sus ingresos, y mantiene un plazo de 13 días para el pago a proveedores.

Gema Igual manifestó su esperanza de que todos los grupos políticos aprueben el enfoque adoptado, que implica no aumentar los impuestos. La alcaldesa también aprovechó para criticar los recientes aumentos fiscales implementados por el Gobierno español, reafirmando el compromiso de su administración por manejar los recursos de manera eficiente.

Además, igual indicó que es fundamental contar con presupuestos a pesar de la inestabilidad fiscal nacional, y valoró la situación financiera del Ayuntamiento como favorable, aunque advirtió que este «colchón» no es eterno.

El IBI, como el principal impuesto recaudador, no puede ser reducido más, según Igual, quien subrayó que el ajuste de la nueva tasa de basuras será gestionado directamente por el Ayuntamiento, en lugar de por Aqualia.

El Consistorio planea enviar simulaciones de los nuevos cobros a cada hogar para verificar la precisión de los datos antes de la primera recaudación en junio. También se llevarán a cabo charlas informativas y una campaña publicitaria para garantizar que todos los santanderinos estén al tanto de los cambios normativos.