La reciente decisión de la Consejería de Presidencia, liderada por Isabel Urrutia, ha generado un clima de descontento entre la Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Administración General del Gobierno de Cantabria. Aseguran que la medidas adoptadas para la Oferta de Empleo Público (OPE) del 2025 fueron tomadas de forma "unilateral", sin las oportunas consultas con los sindicatos, y demandan un encuentro inmediato con la consejera antes de que se haga oficial la convocatoria.

Ambos organismos han dejado claro que consideran esencial la inclusión del concurso de méritos en el proceso de selección y han advertido sobre posibles movilizaciones en los próximos 15 días si no se alcanza una solución. Los representantes de los trabajadores han expresado su frustración por la falta de diálogo, subrayando que esta imposición por parte de la consejera podría estar ligada a una significativa "falta de recursos humanos" para llevar a cabo la baremación adecuada.

En una rueda de prensa celebrada recientemente, Yolanda González, presidenta de la Junta de Personal, enfatizó que "todas las organizaciones sindicales y delegados" están de acuerdo en mantener el formato que contempla tanto oposición como concurso de méritos. Criticó abiertamente cómo la administración ha desestimado la voz de la parte social, calificando la decisión como un claro ejemplo de la ausencia de una negociación efectiva.

González destacó la importancia de reconocer la experiencia acumulada de los empleados públicos, subrayando que "valorar la trayectoria y conocimiento obtenido en sus puestos de trabajo es fundamental". La presidenta instó al gobierno a no ignorar las expectativas y derechos de los trabajadores en un tema tan crucial.

Rebeca Marqué, presidenta del Comité de Empresa, añadió que en anteriores reuniones habían manifestado su desacuerdo con la dirección que pretende tomar la Consejería. Desde entonces, han solicitado estadísticas sobre la interinidad en la administración, cifras que consideran que superan significativamente los límites aprobados por Europa para acceder a los fondos comunitarios.

Por si fuera poco, Marqué mencionó otro desafío: la tasa de reposición del equipo de extinción contra incendios, que podría resultar en una drástica disminución del número de profesionales tras la reciente aprobación de un decreto que permite la jubilación anticipada. "Al menos 20 personas podrían dejar su puesto en breve", advirtió.

La falta de comunicación por parte de Urrutia ha sido otro punto de fricción. Los sindicatos han hecho un llamado reiterado para discutir temas relevantes, pero han recibido como respuesta la ausencia de diálogo y una convocatoria a los medios para anunciar cambios sin previo aviso, como la eliminación de la parte del concurso que había sido acordada en negociaciones anteriores.

Marqué expresó su incredulidad sobre la variabilidad en la forma de convocar las plazas, haciendo referencia a las 25 vacantes que quedaron desiertas en la anterior oferta y que se suman a la nueva convocatoria de 2025. A pesar de la tensión, la presidenta del Comité se mostró optimista, sugiriendo que aún hay tiempo en la legislatura para iniciar un verdadero proceso de negociación. "La administración tiene la potestad de convocar, pero el diálogo es irrenunciable", concluyó.

La OPE de 2025 contempla un total de 357 plazas, de las cuales 283 serán para turno libre, abarcando tanto personal funcionario como laboral, y 74 serán destinadas a promoción interna para funcionarios.